La Justicia de Bariloche otorgó el 4 de octubre la guardia provisoria de dos niñas a su abuela, a través de una sentencia que reconoce legalmente una situación de cuidado que se ha mantenido de manera informal desde 2022. La resolución busca dar un marco judicial a esta realidad mientras continúa en trámite el proceso destinado a definir de manera definitiva y permanente la situación de las menores.
Con esta guardia provisoria, la abuela queda facultada para realizar todas las gestiones necesarias en representación de las niñas ante organismos públicos y privados. Sus facultades incluyen los trámites administrativos, educacionales y de salud requeridos para el desarrollo de las menores, así como la percepción de las asignaciones familiares, pensiones y otros beneficios sociales que legalmente les correspondan. La guardia otorgada resuelve los obstáculos administrativos que se presentaban al realizar gestiones sin autorización parental formal.
El caso surge de un contexto de violencia de género entre los progenitores de las niñas. Según consta en las actas judiciales, durante el período anterior a la sentencia se dictaron distintas medidas de protección y se prorrogó en varias oportunidades la permanencia de las menores con sus abuelos como medida de resguardo. La Defensoría de Menores e Incapaces prestó conformidad a la tutela provisoria solicitada y a la cuota provisoria requerida, avalando la solución judicial propuesta. El tribunal también dispuso nuevas medidas de protección adicionales para las niñas en el marco de la presente resolución, fortaleciendo el sistema de salvaguardia ya implementado.
El análisis fiscal determinó un nivel de riesgo elevado en el caso y describió un contexto de violencia verbal, psicológica y física durante la relación entre los progenitores. La acusación indicó que existe un trámite de divorcio en curso. En su conclusión, la Fiscalía remarcó que una eventual retractación de la víctima no implicará por sí sola el archivo de la investigación, debido al contexto de violencia de género documentado en la causa. Esta postura busca proteger a las niñas ante posibles cambios en la decisión de la víctima.
Según la acusación, un hombre de 26 años, agente del servicio penitenciario, habría despertado durante la noche a su expareja y le habría colocado un arma de fuego en la sien mientras la amenazaba de muerte. En la denuncia que interpuso la mujer, consta también que el acusado habría revisado su teléfono celular sin consentimiento y le habría amenazado posteriormente con un arma de uso particular.
Durante la audiencia llevada a cabo ante el tribunal de Bariloche, el acusado no declaró sobre los hechos que le imputa la Fiscalía. El proceso penal continúa avanzando en sus etapas procedimentales con las disposiciones de protección vigentes para las menores.
