La Justicia de Choele Choel estableció una restricción de acercamiento en un caso que involucra amenazas sufridas por una empleada municipal que desempeña funciones de inspectora. El magistrado analizó en detalle el planteo presentado por la denunciante y determinó dictar medidas de protección integral para resguardar su seguridad e integridad personal ante los hechos denunciados. Sin embargo, considerando la naturaleza y complejidad del caso, el juez de Paz resolvió que no le correspondía continuar interviniendo en el expediente, por lo que derivó la causa a otro fuero con competencia específica para continuar la investigación.
Las medidas de protección ordenadas por el magistrado incluyen la prohibición expresa de acercamiento y contacto directo entre el denunciado y la mujer denunciante. Estas restricciones se complementan con la prohibición específica de generar cualquier tipo de incidentes, agravios, molestias o situaciones de hostigamiento contra la inspectora, con el objetivo de garantizar y resguardar su integridad en todas sus dimensiones personales y laborales.
De conformidad con lo argumentado en el expediente judicial, los comportamientos objeto de la denuncia estarían vinculados tanto con la condición de mujer de la víctima como con el desempeño de sus funciones como trabajadora municipal. Según lo expresado en la causa, el vínculo existente entre ambas partes se habría originado precisamente a partir del ejercicio de las facultades públicas que la inspectora desempeña en el cumplimiento de sus responsabilidades administrativas.
Consta en los registros del expediente que los actos de insultos, amenazas e intimidaciones se habrían producido con posterioridad a que la inspectora interviniera en un procedimiento de tránsito en ejercicio de sus funciones públicas. En esa línea, los argumentos desarrollados en la causa sostienen que la situación constituye acoso vinculado directamente al ejercicio de sus funciones públicas, y no simplemente un conflicto interpersonal ni una cuestión laboral desvinculada de las responsabilidades que desempeña como trabajadora municipal.
La decisión del juez de Paz de derivar el expediente a otro fuero reconoce la complejidad inherente de los hechos denunciados y la necesidad de que sea un tribunal con competencia específica quien continúe interviniendo en la investigación integral del caso, así como en la determinación de las medidas de protección definitivas que resulten necesarias y apropiadas para garantizar la seguridad e integridad de la denunciante.
