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Justicia

  • Testigos narran en juicio el impacto de las lesiones en la víctima en Bariloche

    Testigos narran en juicio el impacto de las lesiones en la víctima en Bariloche

    Durante la audiencia judicial en Bariloche, Irina Pullek, médica pediatra y media hermana del acusado, declaró en detalle las consecuencias que las lesiones dejaron en la víctima. Según su testimonio, la niña requiere una colostomía, cateterismo urinario entre cuatro y seis veces por día y asistencia para numerosas actividades cotidianas.

    La víctima regresó a Bariloche el 27 de septiembre de 2026, luego de permanecer más de un mes internada en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Cecilia Chimati, hermana del acusado, recordó que antes del incidente el afectado tenía una vida activa vinculada a deportes y trabajaba como remisero.

    El tribunal informó al acusado que podía abstenerse de testificar por el vínculo familiar, pero decidió responder las preguntas. La fiscal sostuvo que la pena debe contemplar la gravedad del hecho y la muerte de tres personas, aunque también consideró la naturaleza culposa del delito y las circunstancias personales del acusado. El acusado no mostró arrepentimiento y argumentó que sus antecedentes y condiciones personales respaldan, al menos, una pena de ejecución condicional.

  • Maxi Ghione quedó alojado en Rafaela a disposición de la Justicia

    Maxi Ghione quedó alojado en Rafaela a disposición de la Justicia

    La causa se inició tras la denuncia de un hombre que aseguró que Maxi Ghione lo retuvo contra su voluntad y lo amenazó en su vivienda.

    Ghione quedó alojado en la Alcaidía Regional 5 de Rafaela a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones. La defensa del actor sostuvo que su versión difiere de la denuncia.

    La Justicia dispuso que el actor fije domicilio en Lehmann, no porte armas, se mantenga alejado del denunciante y de los testigos, y se presente cada 15 días en la comisaría correspondiente. Según Infobae, la hipótesis de privación ilegítima de la libertad no fue descartada en la investigación.

    Ghione dijo que planea hacer una transmisión para aclarar lo ocurrido y sostuvo que la verdad la va a decir la Justicia.

  • Juez Dvorzak decidirá la jurisdicción en causa de 120 policías investigados en 2024

    Juez Dvorzak decidirá la jurisdicción en causa de 120 policías investigados en 2024

    Un juez debe definir en qué jurisdicción se tramitará una investigación que comenzó en 2024. La causa fue iniciada a partir de una denuncia y alcanzó inicialmente a más de 120 policías de General Roca, además de otros empleados públicos. El caso plantea un debate jurisdiccional central: si debe continuar bajo la órbita de la Primera Circunscripción, con sede en Viedma, o si el expediente debe trasladarse a General Roca, donde se concentran los hechos investigados y donde trabajan los imputados.

    El Ministerio Público Fiscal presentó argumentos en favor de mantener la investigación en Viedma. La Fiscalía sostuvo que la investigación debe continuar en la sede de la Primera Circunscripción y defendió que no existe una cuestión de incompetencia territorial que justifique un cambio de jurisdicción. El organismo también destacó que la denuncia original incluyó información sobre múltiples hechos relacionados con la investigación, lo que justificaría mantener el expediente en el foro actual para asegurar la eficiencia del proceso.

    La defensa presentó una posición sustancialmente contraria. Los abogados Fernando Ramoa y Matías Rubio, entre otros letrados de los investigados, caracterizaron el caso como “bastante ruidoso” en referencia a la distancia que existe entre sus defendidos y la mayoría de los otros abogados involucrados en la causa. Los defensores enfatizaron que existe una gran cantidad de pruebas y pericias que deberán realizarse específicamente en General Roca, en el Alto Valle rionegrino, a más de 500 kilómetros de Viedma. Según sus argumentos, esa distancia genera un problema de organización procesal que debería tenerse en cuenta.

    Juan Pedro Peralta intervino en el debate y coincidió parcialmente con el planteo defensivo. Sostuvo que el debate no constituye técnicamente una cuestión de incompetencia judicial, sino de organización territorial. Esta es una distinción importante porque separa dos problemas diferentes: uno de competencia material, que cuestiona si el juez puede juzgar, y otro de organización del proceso, que trata sobre dónde es más conveniente llevarlo adelante.

    El proceso sigue su curso con nuevas audiencias programadas en los próximos encuentros. La causa continuará en debate durante las próximas audiencias, hasta que el juez Dvorzak quede en condiciones de resolver cuál será la jurisdicción definitiva de la investigación. La decisión sobre dónde se radicará finalmente el expediente es fundamental para determinar los próximos pasos de una investigación que ya ha avanzado significativamente desde su inicio en 2024.

    La particularidad de este debate es que involucra a decenas de letrados y múltiples investigados, lo que genera complejidades adicionales en la organización procesal. Las partes continuarán presentando sus argumentos en las próximas audiencias, mientras el juez Dvorzak reúne todos los elementos para una decisión que impactará significativamente en cómo se desarrollará el resto de la investigación.

  • La Fiscalía de Río Negro archivó las causas por seis muertes de una médica con títulos falsos

    La Fiscalía de Río Negro archivó las causas por seis muertes de una médica con títulos falsos

    La Fiscalía Nº 6, a cargo de María Victoria Bou Abdo, dispuso el archivo de las actuaciones sobre la muerte de seis pacientes que habían sido atendidos por Mariela Fernanda Marzano. La Fiscalía resolvió archivar las seis investigaciones. La resolución se adoptó el 18 de septiembre.

    Según la acusación, Marzano presentó certificados y títulos falsificados para obtener la matrícula profesional y poder ejercer. Trabajó en distintos establecimientos de Río Negro durante casi seis años.

    Según consta en el expediente, Marzano no figuraba como egresada de la institución que supuestamente la formó. Los datos consignados en el diploma correspondían a otra persona.

    El expediente refleja que no existían registros que acreditaran un ingreso de Marzano al país en el período en el que habría cursado y obtenido la documentación que presentó para ejercer.

    Se realizaron estudios que resultaron determinantes para la decisión de la Fiscalía.

  • Presentan pruebas en juicio por estafa a 24 colegas en General Roca

    Presentan pruebas en juicio por estafa a 24 colegas en General Roca

    El Ministerio Público Fiscal presentó este lunes formalmente la prueba que utilizará durante el juicio oral y público por un caso de estafa reiterada en General Roca. Según la acusación, el imputado aprovechó su condición de empleado policial para generar confianza entre sus compañeros de trabajo y ofrecerles una operación de compraventa de terrenos que finalmente no se concretó conforme a lo prometido. Las víctimas, todas colegas del acusado en el ámbito laboral, realizaron distintos pagos en dinero en pesos y dólares para participar en la operación inmobiliaria, que resultó ser fraudulenta.

    La Fiscalía confirmó que durante el debate convocará a unas 29 personas para que declaren como testigos, entre ellas las 24 víctimas que denuncian haber sido estafadas. Cada testigo aportará su testimonio respecto de los pagos que realizó, cuándo los efectuó, en qué circunstancias fue contactado por el imputado y cómo fue engañado respecto de la realización de la operación inmobiliaria.

    La calificación legal que llegará ante los tribunales es la de estafa reiterada en 24 hechos, en concurso real. Esta formulación jurídica reconoce la multiplicidad de hechos delictivos cometidos en perjuicio de distintas personas, entendiendo que no se trata de un único delito sino de múltiples acciones fraudulentas ejecutadas contra diferentes víctimas. El Ministerio Público Fiscal solicitó además que el debate sea llevado adelante por un Tribunal Unipersonal, lo que significa que será un juez único quien resuelva el caso.

    Los montos involucrados en la presunta operación inmobiliaria alcanzan un total de 4.300.000 pesos y 750 dólares estadounidenses, sumas desembolsadas por las víctimas en pagos sucesivos a lo largo del período investigado. El caso comprende hechos que ocurrieron entre 2021 y 2024, años durante los cuales el imputado habría ejecutado de manera sistemática esta maniobra de engaño.

    La presentación de la prueba este lunes constituye un avance decisivo en el proceso judicial después de la investigación y acusación formal. Con la formalización de la evidencia, la convocatoria de 29 testigos y la presentación de documentos y otros elementos probatorios, el juicio se encamina definitivamente hacia su fase de debate oral y público, donde se expondrán públicamente los argumentos de ambas partes.

    El próximo paso será el desarrollo del juicio oral ante el Tribunal Unipersonal solicitado por la fiscalía. Durante el debate, el juez evaluará la prueba presentada, escuchará los testimonios de las víctimas y demás testigos, y considerará los argumentos de defensa para luego dictar sentencia sobre la responsabilidad del imputado en los cargos de estafa reiterada que enfrenta.

    El juicio por este caso de estafa en General Roca marca un precedente significativo en la administración de justicia provincial. La acumulación de pruebas, la cantidad de víctimas identificadas y los montos en cuestión subrayan la seriedad con que la Fiscalía ha abordado esta investigación desde sus etapas iniciales hasta la presentación formal de evidencia.

  • Acceso a sistema de Casa Rosada: formalizaron denuncia penal

    Acceso a sistema de Casa Rosada: formalizaron denuncia penal

    La empresa ALTEC, encargada de la infraestructura informática institucional, confirmó la existencia de registros detallados de acceso y entregó a la Justicia documentos completos de trazabilidad que cubren tanto la capa de infraestructura como la de aplicación del episodio. El acceso se produjo utilizando credenciales válidas y debidamente autorizadas, de acuerdo con los registros técnicos disponibles en los sistemas.

    El Ministerio de Modernización informó que el episodio «llegó a conocimiento del Poder Ejecutivo a partir de un aviso recibido». Una vez enterado de los hechos, el gobernador Alberto Weretilneck convocó de manera inmediata a personal de ALTEC para conocer en detalle los alcances y características de lo ocurrido. A partir de esa información, se procedió a formalizar una denuncia penal en la que se identificó a un agente público como el supuesto responsable del acceso.

    Weretilneck aseguró que no hubo una «vulneración de los controles» porque el ingreso se produjo con «credenciales válidas y debidamente autorizadas». ALTEC explicó que el episodio «no fue detectado por monitoreo automatizado», mientras que el Ministerio de Modernización confirmó que «existen registros de trazabilidad tanto en la capa de infraestructura como en la capa de aplicación, que permitieron identificar el acceso».

    El documento al que se accedió fue identificado como un «recibo de haberes de un agente público», según información proporcionada por el Ministerio de Modernización. Tanto ALTEC como la dependencia de Modernización confirmaron la existencia de registros de trazabilidad detallados que permitieron rastrear el acceso y que fueron entregados a la Justicia para la investigación correspondiente.

    Hasta el momento, el juez a cargo no ha avanzado en la determinación de la existencia de acceso ilegal al sistema informático de Casa Rosada ni en la identificación de responsabilidades específicas. Según trascendió, la Fiscalía desestimaría el recurso de queja para insistir con su participación en la investigación.

    El caso pone en evidencia la capacidad del sistema de trazabilidad informática para registrar accesos, aunque no para detectarlos en tiempo real. La investigación continúa en la Justicia, donde los registros entregados por ALTEC y Modernización serán fundamentales para determinar las circunstancias y responsabilidades en el acceso al sistema de Casa Rosada.

  • La Justicia de Bariloche otorgó la guardia de dos niñas a su abuela

    La Justicia de Bariloche otorgó la guardia de dos niñas a su abuela

    La Justicia de Bariloche otorgó el 4 de octubre la guardia provisoria de dos niñas a su abuela, a través de una sentencia que reconoce legalmente una situación de cuidado que se ha mantenido de manera informal desde 2022. La resolución busca dar un marco judicial a esta realidad mientras continúa en trámite el proceso destinado a definir de manera definitiva y permanente la situación de las menores.

    Con esta guardia provisoria, la abuela queda facultada para realizar todas las gestiones necesarias en representación de las niñas ante organismos públicos y privados. Sus facultades incluyen los trámites administrativos, educacionales y de salud requeridos para el desarrollo de las menores, así como la percepción de las asignaciones familiares, pensiones y otros beneficios sociales que legalmente les correspondan. La guardia otorgada resuelve los obstáculos administrativos que se presentaban al realizar gestiones sin autorización parental formal.

    El caso surge de un contexto de violencia de género entre los progenitores de las niñas. Según consta en las actas judiciales, durante el período anterior a la sentencia se dictaron distintas medidas de protección y se prorrogó en varias oportunidades la permanencia de las menores con sus abuelos como medida de resguardo. La Defensoría de Menores e Incapaces prestó conformidad a la tutela provisoria solicitada y a la cuota provisoria requerida, avalando la solución judicial propuesta. El tribunal también dispuso nuevas medidas de protección adicionales para las niñas en el marco de la presente resolución, fortaleciendo el sistema de salvaguardia ya implementado.

    El análisis fiscal determinó un nivel de riesgo elevado en el caso y describió un contexto de violencia verbal, psicológica y física durante la relación entre los progenitores. La acusación indicó que existe un trámite de divorcio en curso. En su conclusión, la Fiscalía remarcó que una eventual retractación de la víctima no implicará por sí sola el archivo de la investigación, debido al contexto de violencia de género documentado en la causa. Esta postura busca proteger a las niñas ante posibles cambios en la decisión de la víctima.

    Según la acusación, un hombre de 26 años, agente del servicio penitenciario, habría despertado durante la noche a su expareja y le habría colocado un arma de fuego en la sien mientras la amenazaba de muerte. En la denuncia que interpuso la mujer, consta también que el acusado habría revisado su teléfono celular sin consentimiento y le habría amenazado posteriormente con un arma de uso particular.

    Durante la audiencia llevada a cabo ante el tribunal de Bariloche, el acusado no declaró sobre los hechos que le imputa la Fiscalía. El proceso penal continúa avanzando en sus etapas procedimentales con las disposiciones de protección vigentes para las menores.

  • Motociclista acusado de imprudencia en accidente vial en San Antonio Oeste

    Motociclista acusado de imprudencia en accidente vial en San Antonio Oeste

    En San Antonio Oeste se debate un accidente vial. La Fiscalía acusó a un motociclista de conducir de forma imprudente. La acusación sostiene que el conductor omitió los deberes de cuidado al circular por la ruta y no habría frenado ante la presencia de un peatón. Según la Fiscalía, estos hechos habrían puesto en riesgo la vida de la víctima y provocaron una inutilidad laboral superior a un mes.

    La defensa cuestionó los fundamentos de la acusación. El defensor sostuvo que la acusación no precisaba de qué manera concreta el motociclista habría actuado de forma imprudente. El abogado también señaló que no estaba determinada la velocidad de la motocicleta y planteó interrogantes sobre la alcoholemia de las personas involucradas.

    Los registros de la causa presentan diferentes versiones de lo ocurrido. Según un relato, quien circulaba por la ruta vio dos vehículos que venían de frente. Conforme a otra versión, la víctima habría salido desde detrás de uno de los vehículos y habría cruzado la ruta de manera sorpresiva.

    El tribunal otorgó un plazo de cuatro meses para que tanto la Fiscalía como la defensa desarrollen sus respectivas teorías del caso y avancen con las medidas probatorias pendientes.

  • El Tribunal de Impugnación resolvió sobre calumnias e injurias en Viedma

    El Tribunal de Impugnación resolvió sobre calumnias e injurias en Viedma

    El Tribunal de Impugnación (TI) de Río Negro resolvió una disputa de calumnias e injurias en una causa iniciada como querella privada. La Justicia cerró una vía de impugnación y ordenó cómo seguirá el proceso.

    La querella cuestionó una decisión anterior y sostuvo que se la privaba del trámite recursivo que ya había iniciado en esa instancia.

    Según el Código Procesal Penal, existe expresamente la posibilidad de que el querellante impugne un sobreseimiento, y existe un mecanismo de control específico para esas decisiones.

    Según consta en el expediente, una nota enviada a funcionarios municipales no configuraba una acusación penal contra los músicos, sino un planteo para que se revisara su participación en una actividad pública. Cardella figuraba mencionado en la denuncia sin pruebas que acreditaran lo denunciado.

  • Exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste imputado por tarjeta YPF

    Exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste imputado por tarjeta YPF

    El exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste fue formalmente imputado por la Fiscalía por el uso de una tarjeta YPF para pagar combustible durante un viaje particular. Según la acusación, utilizó la tarjeta sin autorización de la Municipalidad para financiar el traslado.

    El acusado explicó que había viajado a Buenos Aires para trasladar dos aparatos pertenecientes a su área que necesitaban ser calibrados. Reconoció haber empleado una aplicación para efectuar las cargas de combustible. La Fiscalía sostiene que esos consumos se realizaron entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025, mientras el exfuncionario se encontraba de licencia.

    La defensa pública rechazó esa interpretación y planteó que no existió daño patrimonial para el Estado. Argumentó que el traslado estaba vinculado con obligaciones de su área. Indicó que al imputado se le descontó el importe de los consumos de sus recibos de sueldo.

    Como parte del sustento inicial del caso, la Fiscalía presentó una nota dirigida a la Jefatura de Capital Humano. Ese organismo dispuso la cesantía del entonces jefe de Tránsito.

  • La Justicia mantiene medidas de protección por violencia intrafamiliar en Bariloche

    La Justicia mantiene medidas de protección por violencia intrafamiliar en Bariloche

    La Cámara de Apelaciones de Bariloche confirmó el 10 de septiembre las medidas de protección en un caso de violencia intrafamiliar. Redujo el plazo de vigencia de seis meses a poco más de un mes.

    Según consta en la resolución, la violencia se extendió dentro de la familia durante años. La denunciante relató que su hermano, el denunciado, siempre fue violento con todos, incluso con su padre, propietario del terreno. También denunció que su hermano había amenazado con un cuchillo si regresaban al predio.

    La medida prohíbe al denunciado acercarse a la mujer denunciante y a su pareja, estableciendo una distancia mínima de protección. La denunciante vive con su pareja en la casa de otro de sus hermanos mientras avanzan con la construcción de su vivienda en el mismo predio.

    La jueza ordenó la intervención del Servicio de Abordaje Técnico, que deberá realizar un abordaje territorial, evaluar el nivel de riesgo y determinar si es necesario prorrogar las medidas de protección.

    La Cámara recordó que las denuncias de violencia tienen un trámite urgente y provisional.

  • La Justicia de Bariloche prohibió acercarse a un hombre por violencia doméstica

    La Justicia de Bariloche prohibió acercarse a un hombre por violencia doméstica

    Un juzgado de Bariloche dispuso medidas de restricción y protección debido a una situación de violencia doméstica. Las medidas incluyen la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la mujer, su exclusión del hogar e impedimento de cualquier tipo de contacto directo o a través de terceras personas.

    La mujer denunció que el hombre la seguía hasta el gimnasio donde realizaba sus actividades. Ella relató que comenzó a notar actitudes de celos que la llevaron a terminar la relación. Un informe incorporado al expediente señaló que el contacto con las hijas de la denunciante y con terceras personas para transmitir mensajes podía constituir una forma de presión indirecta.

    El fallo fundamentó la medida en el interés superior del niño y recordó que el derecho alimentario constituye un derecho humano fundamental. Catalán cuestionó la relación entre las circunstancias expuestas y señaló que la intervención policial inicial se había producido a partir de los daños advertidos en el domicilio y no por los mensajes denunciados.

    La investigación continuará hasta febrero de 2027, plazo durante el cual deberán profundizarse las circunstancias denunciadas y reunirse los elementos necesarios para determinar la continuidad del proceso.