Cuando se sancionó la Ley 5020, del proceso penal acusatorio y adversarial, la comisión notó que era necesario contar con una regulación específica para el proceso de responsabilidad penal juvenil en Río Negro.
La Suprema Corte de Justicia pidió a SENAF que informe qué programas tiene efectivamente operativos para cumplir con el régimen establecido.
El régimen se aplica a todos los delitos contemplados en el Código Penal, independientemente de su índole o gravedad. Los municipios tienen un rol central, porque son quienes en los pueblos palpan la realidad de la sociedad en materia de responsabilidad penal juvenil.
En el debate sobre el nuevo régimen aparecieron fallos y cuestionamientos, incluso declaraciones de inconstitucionalidad.