El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó una acción constitucional en la que un habitante de Bariloche pretendía resolver un conflicto por una obstrucción cloacal en su vivienda, adjudicada por el Estado. El tribunal determinó que ese tipo de acción no era apropiada para el caso porque requería mayor debate y prueba.
Tanto el IPPV como la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) habían actuado dentro del ámbito de sus competencias. El IPPV y la CEB habían brindado respuestas que incluyeron inspecciones y reclamos. La CEB informó que su personal inspeccionó el domicilio en dos oportunidades y constató que la red colectora pública funcionaba con normalidad.
En su decisión, el STJ destacó que tanto el IPPV como la CEB habían recibido los reclamos, realizado inspecciones y brindado respuestas conforme a sus competencias. Según un informe técnico, el inconveniente se encontraba en la conexión interna del inmueble, cuyo mantenimiento correspondía a la persona usuaria de acuerdo con el contrato de concesión.
El tribunal señaló que el habitante conservaba la posibilidad de continuar el reclamo por las vías administrativas previstas y, una vez agotadas, acudir al proceso contencioso administrativo.