El municipio de San Antonio Oeste destina recursos para sostener el funcionamiento de las patrullas rurales, cubrir el combustible y los repuestos, y mantener operativos los centros de monitoreo.
Los productores sostienen que los hechos recientes forman parte de una problemática más amplia y reclaman respuestas concretas para evitar que la situación continúe escalando.
La principal dificultad surge cuando, luego de reunir pruebas, no avanzan las medidas judiciales solicitadas.
A fines de septiembre se realizó un allanamiento en la zona rural de Pedro Luro, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial (UFIJ) N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
