Un juez debe definir en qué jurisdicción se tramitará una investigación que comenzó en 2024. La causa fue iniciada a partir de una denuncia y alcanzó inicialmente a más de 120 policías de General Roca, además de otros empleados públicos. El caso plantea un debate jurisdiccional central: si debe continuar bajo la órbita de la Primera Circunscripción, con sede en Viedma, o si el expediente debe trasladarse a General Roca, donde se concentran los hechos investigados y donde trabajan los imputados.
El Ministerio Público Fiscal presentó argumentos en favor de mantener la investigación en Viedma. La Fiscalía sostuvo que la investigación debe continuar en la sede de la Primera Circunscripción y defendió que no existe una cuestión de incompetencia territorial que justifique un cambio de jurisdicción. El organismo también destacó que la denuncia original incluyó información sobre múltiples hechos relacionados con la investigación, lo que justificaría mantener el expediente en el foro actual para asegurar la eficiencia del proceso.
La defensa presentó una posición sustancialmente contraria. Los abogados Fernando Ramoa y Matías Rubio, entre otros letrados de los investigados, caracterizaron el caso como “bastante ruidoso” en referencia a la distancia que existe entre sus defendidos y la mayoría de los otros abogados involucrados en la causa. Los defensores enfatizaron que existe una gran cantidad de pruebas y pericias que deberán realizarse específicamente en General Roca, en el Alto Valle rionegrino, a más de 500 kilómetros de Viedma. Según sus argumentos, esa distancia genera un problema de organización procesal que debería tenerse en cuenta.
Juan Pedro Peralta intervino en el debate y coincidió parcialmente con el planteo defensivo. Sostuvo que el debate no constituye técnicamente una cuestión de incompetencia judicial, sino de organización territorial. Esta es una distinción importante porque separa dos problemas diferentes: uno de competencia material, que cuestiona si el juez puede juzgar, y otro de organización del proceso, que trata sobre dónde es más conveniente llevarlo adelante.
El proceso sigue su curso con nuevas audiencias programadas en los próximos encuentros. La causa continuará en debate durante las próximas audiencias, hasta que el juez Dvorzak quede en condiciones de resolver cuál será la jurisdicción definitiva de la investigación. La decisión sobre dónde se radicará finalmente el expediente es fundamental para determinar los próximos pasos de una investigación que ya ha avanzado significativamente desde su inicio en 2024.
La particularidad de este debate es que involucra a decenas de letrados y múltiples investigados, lo que genera complejidades adicionales en la organización procesal. Las partes continuarán presentando sus argumentos en las próximas audiencias, mientras el juez Dvorzak reúne todos los elementos para una decisión que impactará significativamente en cómo se desarrollará el resto de la investigación.