Viedma aprobó una regulación para monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. La medida, impulsada por Javier Acevedo, obtuvo aprobación tras una votación que contó con 20 votos a favor. La iniciativa representa un paso importante en el ordenamiento del uso de estos vehículos que han proliferado en las calles de la ciudad como medio de transporte moderno y de bajo costo, especialmente entre jóvenes y en distancias cortas.
La ordenanza se aplica tanto a usuarios particulares que utilizan monopatines eléctricos para transporte personal como a operadores comerciales que ofrecen servicios de alquiler. Esta última modalidad ha mostrado un crecimiento notable en localidades turísticas y ciudades donde existen servicios de alquiler de patinetas. La regulación establece un marco común para ambos tipos de usuarios, buscando equilibrar la libertad de circulación con la seguridad vial. Todos los usuarios deberán ajustarse a las normas establecidas por la municipalidad.
Entre las disposiciones principales figura la creación de un Registro Municipal de Vehículos de Movilidad Personal. Este registro constituye una herramienta administrativa de control que permitirá a la municipalidad conocer qué vehículos de este tipo circulan por las calles, quiénes son sus propietarios u operadores, y facilitar el seguimiento de su cumplimiento normativo. La inscripción en el registro será un requisito obligatorio para poder circular legalmente en Viedma y sus principales arterias.
La ordenanza contempla además la posibilidad de retención preventiva del vehículo ante determinadas infracciones consideradas de riesgo grave para la seguridad vial. Esta medida de control permite a la autoridad actuar ante comportamientos peligrosos como exceso de velocidad, circulación en zonas prohibidas o uso de manera que ponga en riesgo a otros usuarios de la vía pública. La retención preventiva es una herramienta pensada para prevenir accidentes y proteger a peatones y otros circulantes.
Los monopatines eléctricos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, una característica que fue determinante para la decisión de regularlos. Estas velocidades, si bien no son extremas, generan riesgos en espacios compartidos con peatones y otros usuarios de la vía pública. Por este motivo, la regulación busca establecer límites y condiciones de uso que minimicen esos riesgos mientras permiten que estos vehículos sigan siendo utilizados como medio de transporte.
Durante el proceso legislativo se expresaron diferentes posiciones. ARI-Cambiemos defendió la necesidad de contar con pautas comunes y claras para regular estos vehículos, argumentando que sus características técnicas requieren de normativas específicas y control municipal. Los legisladores de este bloque consideraron que la velocidad alcanzable justificaba la regulación. Por su parte, José Luis Berros sostuvo una posición alternativa, planteando que la regulación de la circulación corresponde a los municipios y expresando su preocupación de que la iniciativa pudiera afectar la autonomía comunal.