Un juzgado de Bariloche dispuso medidas de restricción y protección debido a una situación de violencia doméstica. Las medidas incluyen la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la mujer, su exclusión del hogar e impedimento de cualquier tipo de contacto directo o a través de terceras personas.
La mujer denunció que el hombre la seguía hasta el gimnasio donde realizaba sus actividades. Ella relató que comenzó a notar actitudes de celos que la llevaron a terminar la relación. Un informe incorporado al expediente señaló que el contacto con las hijas de la denunciante y con terceras personas para transmitir mensajes podía constituir una forma de presión indirecta.
El fallo fundamentó la medida en el interés superior del niño y recordó que el derecho alimentario constituye un derecho humano fundamental. Catalán cuestionó la relación entre las circunstancias expuestas y señaló que la intervención policial inicial se había producido a partir de los daños advertidos en el domicilio y no por los mensajes denunciados.
La investigación continuará hasta febrero de 2027, plazo durante el cual deberán profundizarse las circunstancias denunciadas y reunirse los elementos necesarios para determinar la continuidad del proceso.