El fiscal Juan Pedro Peralta repasó los relevamientos, certificados y testimonios presentados durante el debate. Según su postura, la prueba demuestra que se pagó por trabajos que no habían sido realizados en la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande.
Peralta remarcó que por uno de los convenios no se habían recibido desembolsos, aunque determinados trabajos vinculados con movimiento de suelo fueron pagados con fondos correspondientes al primer acuerdo. El profesional contratado por la firma realizó una medición independiente del movimiento de suelos, que había sido incluido y pagado por separado.
El fiscal señaló que la empresa había certificado y cobrado un 71% de avance de los trabajos. Sin embargo, los relevamientos indicaban que ninguna vivienda contaba con carpetas terminadas, mientras que en los documentos aparecía constancia de que debería haber alrededor de 32 viviendas con ese trabajo realizado.
Durante el juicio, un trabajador declaró que recibía instrucciones relacionadas con los números que luego aparecían en los certificados. El tribunal de juicio, integrado por Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Guillermo González Sacco, resolvió por unanimidad absolver a los acusados el 18 de junio. Peralta cuestionó que el tribunal consideró que ese relato no alcanzaba para acreditar el dolo necesario para una condena penal.
