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Fiscalía

  • Se anularon las absoluciones por la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande

    Se anularon las absoluciones por la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande

    Se anularon las absoluciones de tres exfuncionarios de Sierra Grande en la causa por la construcción de 40 viviendas del programa Techo Digno, y se ordenó un nuevo juicio. La decisión se tomó dentro de los límites del recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal.

    La resolución dejó sin efecto el debate oral anterior. El Tribunal de Impugnación (TI) declaró nulo ese debate, aunque preservó las declaraciones de aquel juicio para su posible utilización como declaraciones previas.

    El TI señaló que el tribunal de juicio no examinó de forma integral las declaraciones de quienes inspeccionaron las viviendas, los informes técnicos y la documentación contractual. Según consta en la causa, hubo defectos en la valoración de las pruebas y no hubo respuestas suficientes a los cuestionamientos de la Fiscalía.

    Según la Fiscalía, el municipio autorizó pagos a la empresa constructora a partir de ocho certificados que registraron un avance de obra del 71,03 %. La Fiscalía sostuvo también que se documentaron trabajos que todavía no estaban ejecutados, entre ellos revoques, cielorrasos, pisos y otras terminaciones.

    Las mediciones del avance tampoco coinciden. Una inspección técnica estimó cerca del 35 %, otra evaluación determinó un 42,21 % y un profesional contratado por la empresa registró aproximadamente un 43 %.

  • Sobreseída por inimputabilidad una mujer acusada de intentar prender fuego a una empleada

    Sobreseída por inimputabilidad una mujer acusada de intentar prender fuego a una empleada

    Se dispuso el sobreseimiento por inimputabilidad de una mujer acusada de intentar prender fuego a una empleada de una panadería de El Bolsón. El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2026, alrededor de las 17. El sobreseimiento se dictó en los términos del artículo 34, inciso 1, del Código Penal.

    Según la acusación, la mujer ingresó al comercio, roció con combustible a una empleada e intentó prenderla fuego con encendedores.

    El organismo forense señaló que requería atención permanente e internación, mientras que el hospital tratante informó que debía continuar su tratamiento en otro centro especializado. La Fiscalía había pedido una medida de seguridad de 60 días en un establecimiento de puertas cerradas. La Defensa propuso limitarla a 15 días y que luego la mujer continúe bajo el cuidado de su familia.

    La magistrada dispuso, como medida de seguridad, que la paciente continúe internada con custodia y ordenó su posterior traslado a un centro de salud mental adecuado a sus necesidades. Hasta que el traslado se concrete, la mujer permanecerá en el Hospital de El Bolsón, con custodia y sin interrupción de la atención médica.

    El juez dispuso que las actuaciones pasen a la jueza de ejecución, quien deberá controlar la medida y podrá revisarla antes de su vencimiento. La disposición tiene un plazo inicial de 60 días y vence en principio el 25 de noviembre a las 14:00, cuando la jueza de ejecución evaluará los informes clínicos para resolver su continuidad, modificación o cese.

  • Concejales piden interpelar a Cristian Berbel por materiales de la terminal de San Antonio Oeste

    Concejales piden interpelar a Cristian Berbel por materiales de la terminal de San Antonio Oeste

    Los concejales Jovita González y Alejandro Araño, del bloque Compromiso Ciudadano del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, presentaron un proyecto de resolución para solicitar la interpelación del secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos del municipio, Cristian Berbel, por los materiales acopiados para la construcción de la nueva terminal de ómnibus. La iniciativa, fechada el 21 de octubre de 2026, busca que el funcionario comparezca personalmente ante el cuerpo y brinde explicaciones verbales y documentadas sobre el inventario, la custodia y el destino de los bienes vinculados con la primera etapa de la obra.

    La propuesta busca conocer qué ocurrió con determinados materiales, dónde se encuentran, cuáles fueron utilizados y cuál fue su destino. El proyecto también contempla dar intervención al Poder Ejecutivo municipal y a la Defensoría del Pueblo local, invitándolos a participar como observadores. Se prevé que la convocatoria sea notificada con una anticipación mínima de cinco días hábiles.

    Según el inventario realizado en diciembre de 2023, lo inventariado fue valuado después en unos $120 millones, y los pedidos de informes presentados por la oposición no habrían obtenido respuesta. Un bloque opositor advirtió que podría presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el destino de materiales de la terminal de ómnibus pertenecientes al patrimonio municipal. Compromiso Ciudadano, además, evalúa avanzar con una presentación ante la Fiscalía para que se investigue el destino de materiales municipales. Se indicó que se están consultando profesionales para determinar los pasos a seguir.

  • Se acordó tres años de prisión condicional para Marzano por presunta usurpación de título

    Se acordó tres años de prisión condicional para Marzano por presunta usurpación de título

    Se acordó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional para Marzano en una causa por presunta usurpación del título de médica cirujana.

    Marzano habría desarrollado actividades vinculadas a la medicina y la salud en general sin contar con el título habilitante correspondiente. Según la Fiscalía, para desarrollar esas actividades utilizó un título universitario falsificado de la Universidad de Los Andes de Venezuela, además de documentación administrativa apócrifa. La Fiscalía explicó que el documento habría sido confeccionado digitalmente y luego llevado a formato papel, con elementos destinados a darle apariencia de autenticidad.

    Según la acusación, Marzano utilizó la matrícula para obtener una relación laboral y percibir remuneraciones entre octubre de 2020 y abril de 2026. Durante la audiencia se expuso que la suma abonada en concepto de salarios habría sido cercana a los 96 millones de pesos.

    Según la acusación, esa actividad se extendió entre el 13 de agosto de 2020 y el 3 de marzo de 2026, cuando el Ministerio de Salud suspendió provisoriamente la matrícula provincial número 8136.

    La Fiscalía renunció a los plazos de impugnación en caso de que el acuerdo sea aprobado. El acuerdo también contempla el destino de distintos elementos secuestrados durante la investigación.

  • Motociclista acusado de imprudencia en accidente vial en San Antonio Oeste

    Motociclista acusado de imprudencia en accidente vial en San Antonio Oeste

    En San Antonio Oeste se debate un accidente vial. La Fiscalía acusó a un motociclista de conducir de forma imprudente. La acusación sostiene que el conductor omitió los deberes de cuidado al circular por la ruta y no habría frenado ante la presencia de un peatón. Según la Fiscalía, estos hechos habrían puesto en riesgo la vida de la víctima y provocaron una inutilidad laboral superior a un mes.

    La defensa cuestionó los fundamentos de la acusación. El defensor sostuvo que la acusación no precisaba de qué manera concreta el motociclista habría actuado de forma imprudente. El abogado también señaló que no estaba determinada la velocidad de la motocicleta y planteó interrogantes sobre la alcoholemia de las personas involucradas.

    Los registros de la causa presentan diferentes versiones de lo ocurrido. Según un relato, quien circulaba por la ruta vio dos vehículos que venían de frente. Conforme a otra versión, la víctima habría salido desde detrás de uno de los vehículos y habría cruzado la ruta de manera sorpresiva.

    El tribunal otorgó un plazo de cuatro meses para que tanto la Fiscalía como la defensa desarrollen sus respectivas teorías del caso y avancen con las medidas probatorias pendientes.

  • Exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste imputado por tarjeta YPF

    Exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste imputado por tarjeta YPF

    El exjefe de Tránsito de San Antonio Oeste fue formalmente imputado por la Fiscalía por el uso de una tarjeta YPF para pagar combustible durante un viaje particular. Según la acusación, utilizó la tarjeta sin autorización de la Municipalidad para financiar el traslado.

    El acusado explicó que había viajado a Buenos Aires para trasladar dos aparatos pertenecientes a su área que necesitaban ser calibrados. Reconoció haber empleado una aplicación para efectuar las cargas de combustible. La Fiscalía sostiene que esos consumos se realizaron entre el 20 y el 28 de diciembre de 2025, mientras el exfuncionario se encontraba de licencia.

    La defensa pública rechazó esa interpretación y planteó que no existió daño patrimonial para el Estado. Argumentó que el traslado estaba vinculado con obligaciones de su área. Indicó que al imputado se le descontó el importe de los consumos de sus recibos de sueldo.

    Como parte del sustento inicial del caso, la Fiscalía presentó una nota dirigida a la Jefatura de Capital Humano. Ese organismo dispuso la cesantía del entonces jefe de Tránsito.

  • La policía recuperó dos vehículos robados en Viedma

    La policía recuperó dos vehículos robados en Viedma

    La policía recuperó dos vehículos robados durante una intervención realizada en Viedma. El procedimiento se inició durante la madrugada, a raíz de un aviso al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre dos personas que intentaban ingresar presuntamente a una vivienda ubicada cerca de las calles 112 y 107.

    Al consultar los datos de los vehículos en el sistema policial, se confirmó que uno de ellos registraba un pedido de secuestro vigente por una denuncia de robo radicada el 4 de septiembre en la Subcomisaría 59ª.

    El fiscal de turno, Francisco Marano, fue informado del hecho y dispuso el inicio de un legajo judicial por el delito de hurto automotor y las medidas procesales correspondientes.

    El Gabinete de Criminalística intervino en el procedimiento. La Fiscalía dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes por el presunto delito de encubrimiento.

  • La Fiscalía impugnó la absolución en el caso de viviendas de Sierra Grande

    La Fiscalía impugnó la absolución en el caso de viviendas de Sierra Grande

    El fiscal Juan Pedro Peralta repasó los relevamientos, certificados y testimonios presentados durante el debate. Según su postura, la prueba demuestra que se pagó por trabajos que no habían sido realizados en la construcción de 40 viviendas en Sierra Grande.

    Peralta remarcó que por uno de los convenios no se habían recibido desembolsos, aunque determinados trabajos vinculados con movimiento de suelo fueron pagados con fondos correspondientes al primer acuerdo. El profesional contratado por la firma realizó una medición independiente del movimiento de suelos, que había sido incluido y pagado por separado.

    El fiscal señaló que la empresa había certificado y cobrado un 71% de avance de los trabajos. Sin embargo, los relevamientos indicaban que ninguna vivienda contaba con carpetas terminadas, mientras que en los documentos aparecía constancia de que debería haber alrededor de 32 viviendas con ese trabajo realizado.

    Durante el juicio, un trabajador declaró que recibía instrucciones relacionadas con los números que luego aparecían en los certificados. El tribunal de juicio, integrado por Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Guillermo González Sacco, resolvió por unanimidad absolver a los acusados el 18 de junio. Peralta cuestionó que el tribunal consideró que ese relato no alcanzaba para acreditar el dolo necesario para una condena penal.

  • Sierra Grande tendrá Fiscalía Descentralizada y Defensoría Penal

    Sierra Grande tendrá Fiscalía Descentralizada y Defensoría Penal

    Sierra Grande contará con una Fiscalía Descentralizada y una Defensoría Penal, dos nuevas instituciones que fortalecerán el sistema de justicia en la localidad. La decisión responde a que aproximadamente el 40 por ciento de los expedientes que tramita el Poder Judicial en la zona corresponde a Sierra Grande y Playas Doradas.

    La Fiscalía permitirá fortalecer la investigación y persecución de delitos con presencia permanente en la localidad. La Defensoría Penal, por su parte, garantizará el acceso a la defensa pública de las personas involucradas en procesos penales.

    Kircher, de Juntos Somos Río Negro, afirmó que Sierra Grande atraviesa una transformación histórica que requiere fortalecer las instituciones del Estado, especialmente el sistema de justicia. Destacó que esos más de 630 expedientes que corresponden a la zona representan una carga significativa.

    La intendenta Roxana Fernández ya coordina la implementación junto al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo provincial.