El Senado de la Nación aprobó por mayoría la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto establece procesos judiciales sumarísimos con plazos de restitución de 72 horas para resolver conflictos de propiedad entre propietarios, inquilinos y el Estado.
El proyecto contempla un protocolo de asistencia social. Cuando el desalojo afecte a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, el magistrado debe dar intervención obligatoria al Ministerio Público Tutelar y a organismos de protección locales. Las dependencias estatales tendrán diez días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin que este trámite suspenda el proceso judicial de desalojo.
La iniciativa ahora será tratada en la Cámara de Diputados. El proyecto apunta a reducir drásticamente los plazos judiciales ante usurpaciones, agilizar las notificaciones y establecer reglas claras en los litigios entre propietarios, inquilinos y el Estado.