El proyecto busca reducir drásticamente los riesgos suicidas. Establece que toda nueva obra pública provincial de infraestructura deberá incluir en su diseño dispositivos perimetrales de seguridad con efecto disuasivo.
La iniciativa contempla barreras físicas y medidas de seguridad, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo y resguardar vidas. Además, el texto habilita al Gobierno a firmar convenios con organismos nacionales y empresas concesionarias de rutas, puentes, vías férreas y antenas de jurisdicción federal.
La iniciativa también prevé capacitar de manera permanente al personal provincial que trabaja en esos espacios en técnicas de primer abordaje y asistencia en situaciones de crisis. Esa formación deberá coordinarse con los programas previstos por la Ley 5840 y el Área de Asistencia al Suicida del Servicio 911.
El proyecto toma como antecedente la Ley 5840, sancionada en diciembre de 2025, que creó el Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas (OEPCS) y el Área de Asistencia al Suicida del 911. Según los fundamentos, esa norma aportó el marco institucional y la atención telefónica, mientras que esta propuesta suma la dimensión física y urbanística de la prevención. El diseño de los protocolos de intervención arquitectónica deberá realizarse en articulación con el OEPCS.
El proyecto menciona además un metaanálisis publicado en The Lancet Psychiatry en 2015 que, según los fundamentos, registró reducciones de más del 90% en los sitios donde se intervino. En el proyecto se sostiene que las barreras arquitectónicas y electrónicas son una estrategia de prevención que ya fue estudiada e implementada en distintos lugares del mundo.




