En Bariloche se suscitó un conflicto intrafamiliar complejo que involucró denuncias cruzadas de violencia y motivó la intervención de la Justicia de Familia Local. Un padre denunció inicialmente a su hijo por conductas violentas, y en respuesta, el hijo se presentó posteriormente ante el juzgado contrapresentando una denuncia formal en contra de su padre, acusándolo de violencia verbal, psicológica y hostigamiento sistemático. La pareja del hijo también se presentó en el expediente judicial, ratificó los argumentos del denunciante y solicitó la adopción de medidas cautelares.
El Paz subrogante Federico Garriga Lacaze resolvió mantener la exclusión del denunciado de su hogar familiar y dispuso medidas de protección destinadas a resguardar la integridad psicofísica del padre. Posteriormente, el juez Wiesztort estableció medidas protectorias complementarias para prevenir nuevos episodios de violencia y resguardar al denunciante y a su grupo familiar.
La Justicia de Familia de Bariloche dispuso que el adulto mayor no pueda acercarse a su hijo ni a su pareja a una distancia menor a 100 metros. Se notificó a la Comisaría de la Familia para que comunicara a las partes involucradas sobre estas restricciones judiciales, y se estableció la posterior remisión de las actuaciones al juzgado civil y comercial competente.
El tribunal advirtió expresamente que cualquier incumplimiento de las disposiciones ordenadas podría derivar en la presentación de una denuncia por desobediencia judicial y en la intervención del fuero penal. Los incumplimientos serán comunicados al Ministerio Público Fiscal para evaluar la posible configuración del delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Según consta en el expediente, la Comisaría de la Familia informó que no observaba una situación de riesgo inmediato para el denunciante, más allá de sentirse vulnerable por la compleja situación familiar. Esta evaluación fue considerada por el juzgado al dictar las medidas protectorias.
