En una audiencia realizada en Viedma se debatió la competencia de la Fiscalía de Estado en una causa de acceso no autorizado a sistemas informáticos de la administración pública provincial. El planteo presentado por la defensa podría resultar decisivo y cambiar el rumbo de la investigación, según quedó evidenciado en la jornada que se desarrolló luego de un cuarto intermedio previo.
La investigación se impulsó a través de la Fiscalía de Estado en el momento en que se conoció el hackeo. Conforme a los informes técnicos presentados, el acceso se realizó utilizando un usuario y una contraseña válidos, lo que sugiere que fue ejecutado por alguien con acceso interno a los sistemas. Al menos un empleado estatal habría accedido indebidamente a documentación reservada de la administración pública.
La defensa cuestionó directamente la competencia de la fiscal Yanina Estela Passarelli para avanzar con la investigación. El letrado sostuvo que los dos hechos atribuidos a su defendido serían de acción privada y que, por lo tanto, el Ministerio Público Fiscal carecería de facultades para avanzar de oficio. Este planteo legal es central para definir cómo debe proseguir el proceso.
Según la defensa, si el delito es de acción privada, correspondería que la persona directamente afectada por el acceso fuera quien impulsara la acción ante el Poder Judicial. El letrado cuestionó además que la investigación pudiera iniciarse en los términos específicos en que fue planteada por la fiscalía.
El Código Penal castiga el acceso no autorizado a sistemas informáticos con penas de hasta un año de prisión cuando afecta a un organismo público, a un proveedor de servicios públicos o a una entidad financiera. Este delito, conocido como hacking o intrusismo informático, está expresamente contemplado en la norma.
El juez Dvorzak escuchó los argumentos de ambas partes. La fiscalía estuvo representada por Yanina Estela Passarelli, acompañada por la adjunta Sofía Lento. Después de escuchar los planteos, el magistrado dejó pendiente su resolución sobre la cuestión de competencia y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 7 de septiembre, cuando la audiencia continuará.
En resguardo de la presunción de inocencia, se dispuso que la prensa no revele el nombre ni publique imágenes del acusado. La defensa había solicitado que el debate se realizara de manera privada para preservar la identidad del imputado, y esa protección de identidad se ordenó de todas formas.
