Una empleada que trabajaba para una empresa desde Bariloche reclama represalias tras recibir indicación de no presentarse. Según su relato, la empresa desconocía un acuerdo que ambos habían alcanzado para que trabajara desde la ciudad patagónica. La empresa sostuvo que la relación laboral había finalizado por el vencimiento de un contrato a plazo fijo.
La empleada trabajó para la empresa desde 2005. Con el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020, pasó a trabajar de forma remota. En junio de ese año se mudó a Bariloche con su familia.
En marzo de 2022 acordó con su jefe continuar trabajando desde Bariloche y concurrir a las oficinas de Buenos Aires durante una semana al mes.
El conflicto se produjo en julio de 2025, cuando recibió un mensaje de WhatsApp indicándole que no se presentara a trabajar al día siguiente. La empleada afirmó que esa decisión afectaba la organización familiar que había establecido después de mudarse.
La empresa sostuvo que la empleada no se presentó en varias oportunidades pese a las intimaciones para retomar las tareas presenciales. También indicó que no presentó documentación suficiente para demostrar que cumplía una jornada parcial.
La empleada reportó que sufrió represalias, entre ellas la exclusión de grupos de comunicación laboral y la quita de tareas. La situación le generó secuelas psicológicas y debió iniciar una licencia por motivos psiquiátricos. En septiembre de 2025 se dio por despedida y reclama $21.306.217,78.
